por RICARDO A. MOLINA
Han transcurrido 150 días desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales y parece interesante analizar las medidas adoptadas en este sector de cara a aquellos objetivos de superar la crisis energética heredada y recuperar la plena vigencia de los marcos legales vigentes.
En los ámbitos académicos se ha reconocido que la crisis energética fue evolucionando desde un problema generado por una oferta insuficiente y decreciente, producto de la retracción de las inversiones, y una demanda exacerbada por los congelamientos tarifarios, hacia una verdadera crisis macroeconómica. Las manifestaciones de estos desequilibrios macro se evidenciaron en 3 cuestiones principales:
a) los subsidios económicos destinados a disimular la crisis energética que, por su magnitud, alcanzaron a explicar casi el 50% del fenomenal déficit fiscal legado por la Administración K;
b) la utilización de las reservas del BCRA para afrontar los costos de las importaciones de energía que, en forma creciente, fueron puestas en cabeza del gobierno nacional; y
c) la descapitalización generalizada del país, en especial la del sector energía que se ve agravada por la lenta maduración de las nuevas inversiones.
Para eliminar los subsidios económicos era necesario restablecer los equilibrios de los precios y tarifas de los productos y servicios energéticos respecto a la totalidad de sus costos y de una razonable utilidad para las empresas. Simultáneamente era necesario analizar los impactos en los bolsillos de los consumidores, y buscar aquellos mecanismos que permitieran amortiguar los efectos de esos equilibrios.
En febrero de este año se procedió a ajustar los precios y las tarifas del sector eléctrico en una dimensión que alcanzó, aproximadamente, el 50% del desequilibrio existente a fines del 2015. En abril, se aumentaron los precios y las tarifas del sector gasífero en una proporción equivalente al 100% del desequilibrio heredado.
Sin embargo, aún no se han recuperado la plena vigencia de los marcos regulatorios y por lo tanto, existen incertidumbres sobre la evolución futura de estos valores, habida cuenta del entorno inflacionario argentino, y particularmente, cuáles serán los mecanismos objetivos que reemplazarán las decisiones burocráticas claramente arbitrarias.
Si no se corrigen estas incertidumbres, la inflación futura terminará absorbiendo los efectos de estos aumentos y volveremos a enfrentar la necesidad de nuevas correcciones, con los costos económicos y políticos que ella significará.
En relación al único amortiguador aplicado sobre los efectos de estos aumentos tarifarios, surgen algunas dudas sobre la efectividad de las tarifas sociales.
Lamentablemente, aún no se han tomado decisiones para reducir la fenomenal carga tributaria nacional, provincial, y municipal que gravan los servicios públicos.
Otro tema no resuelto es la existencia de múltiples precios en el upstream del gas natural y múltiples cuadros tarifarios y categorías tarifarias para una misma clase de consumidores: residenciales.
Estas categorizaciones que responden al obsoleto criterio de vincular nivel de consumo con los ingresos, han creado mayores distorsiones: por ejemplo, el precio del gas que pagan algunos consumidores es superior al precio promedio de las cuencas. Lo razonable era unificar las categorías con una única tarifa para todos los consumidores residenciales.
Un producto, un precio
A propósito de estos temas regulatorios, el ENRE y el ENARGAS (entes reguladores de electricidad y gas) siguen intervenidos por el Poder Ejecutivo Nacional. La normalización de estos entes también es parte de la solución de la crisis.
Según ASAP, entidad que publica mensualmente la evolución de las cuentas presupuestales, los subsidios económicos destinados a los gastos corrientes para el sector energía acumularon durante el 1er. trimestre del 2016 la suma $ 16.458,4 millones, con una variación interanual del -46%, sin considerar el ajuste por inflación.
Con destino a los gastos de capital se destinaron $816,1 millones, un 60% menos que el año anterior. Hay indicios que señalan la posible existencia de un proceso de sub-ejecución presupuestal.
La 2da. cuestión que explica la crisis macroeconómica, es el consumo de las reservas del BCRA para afrontar las importaciones de energía. A pesar que se han sincerado, parcialmente, los precios de la generación eléctrica y de la producción de gas natural, y se ha levantado el cepo cambiario impuesto por la administración anterior, el peso de estas importaciones siguen en cabeza de las finanzas públicas.
El 1er. trimestre de este año se acumularon US$ 877 millones por estas importaciones, según publica el INdEC.
Hasta ahora, el Ministerio de Energía no ha dado señales de transferir estas importaciones a los propios sectores privados interesados en estas compras: generadores eléctricos, industrias y comercializadores. Antes bien, acaba de adicionar las importaciones de gas natural desde Chile a su propio menú, con las mismas argumentaciones que en el 2004 utilizó el ministro Julio De Vido para justificar las importaciones de fuel-oil en el marco de la “colaboración bolivariana”.
Tampoco ha habido algún indicio sobre cuál será el criterio del nuevo gobierno respecto a ENARSA. Este engendro societario fue creado en plena Administración K para intermediar en
todo tipo de operaciones energéticas: importaciones de fuel-oil, fideicomisos para la construcción de gasoductos, para la construcción de centrales eléctricas térmicas y eólicas, importaciones de gas natural de Bolivia, importaciones de LNG, “especiales relaciones” con PDVSA, etcétera.
Todo teñido por un manto de opacidad que ahora está advirtiéndose que fue una herramienta para alimentar un fenomenal aparato corrupto. A pesar de ello, las nuevas autoridades nacionales han echado mano de ENARSA para canalizar las importaciones de gas natural de Chile.
Por lo tanto, las finanzas públicas seguirán perdiendo divisas para financiar compras que claramente son incumbencias de actores privados. Dado el ascenso del precio de petróleo en los mercados internacionales, es fácil presumir que en el 2016 se superarán los casi US$ 7.000 millones que se gastaron el año pasado en las importaciones energéticas.
La 3er.cuestión a analizar son las condiciones necesarias para estimular un flujo de inversiones continuas que permitan que la oferta energética acompañe la natural evolución de la demanda en un contexto de crecimiento. En este campo aún no se perciben señales concretas. Se está anunciando una convocatoria para licitar energías renovables, pero la ausencia de reglas claras a largo plazo, hacen dudar sobre su eficacia.
Entre esas reglas, es indispensable reorganizar CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico en el país. CAMMESA fue distorsionada en sus objetivos iniciales durante la gestión anterior, asignándole las tareas de importar combustibles para la generación eléctrica y administrar subsidios, lo que terminó creando un embrollo de cuentas cruzadas entre el gobierno, los generadores y las distribuidoras.
Una idea sensata para iniciar el proceso de solución de estas distorsiones era separar los nuevos flujos provenientes de las tarifas corregidas del stock de problemas heredado. Para ello, se pensaba en crear una CAMMESA residual que conciliara las cuentas acreedoras y deudoras y negociara sus cancelaciones bajo plazos y condiciones razonables.
Y una nueva CAMMESA que funcionara bajo las reglas originales. Mientras ello no ocurra, todo nuevo emprendimiento se encontrará frente a incertidumbres sobre el funcionamiento del mercado eléctrico que dificultarán las decisiones sobre inversiones de capital.
Una curiosidad que amerita ser considerada es que en los documentos y anuncios previos para esta licitación, se menciona la posibilidad que los oferentes coticen el valor del megawatts en dólares estadounidenses.
Aquí surgen 2 comentarios:
a) la ley de Emergencia Económica del 2001 aún vigente, planteó la pesificación de todos los precios y tarifas, y
b) los precios en dólares también tienen que tener fórmulas de ajuste para fundamentar proyectos de largo plazo.
En conclusión, en el campo de las políticas públicas energéticas se advierte, a igual que en otras áreas de este gobierno, la ausencia de un plan integral que abarque las múltiples variables que intervienen en el proceso de recuperar un mercado energético basado en reglas y contratos. El camino del largo plazo aún no se ha comenzado a transitar.